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Foto Internet-archivo.
23/06/2010 : 11:06 : El Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires, cree que no es conveniente ni necesaria la utilización de armas Taser X-26 en la Policía Metropolitana. Dicha conclusión surge de un informe que el Comité presentó ante la Legislatura porteña,y ante el ministerio de Seguridad.
Según el informe al que Online-911 tuvo acceso, "al día de la fecha no se sabe si el Gobierno de la Ciudad recibió las armas compradas mediante la contratación directa. No se ha informado quienes serán las personas que las utilicen, que capacitación tendrán ni en que delitos se utilizarán estas armas".
El mencionado informe explica que en octubre de 2009, el Ejecutivo publicó en el boletín oficial la aprobación de los pliegos para la adquisición de 72 armas de este tipo; a pesar de que la Ley de Seguridad Pública no contemplaba el uso de las armas Taser por parte de las fuerzas de seguridad.
Hace algunas semanas,sigue el escrito, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto Nº 626-J-2010 por el cual se intenta modificar la Ley de Seguridad Pública (Ley Nº 2894) para permitirle a la Policía Metropolitana que pueda recurrir a la utilización de armas electrónicas de incapacitación motora no letales. El proyecto presentado establece que se pueden emplear en las mismas circunstancias y bajo las mismas condiciones que un arma de fuego.
Según señalaron los miembros del Comité en el informe, "el empleo de este tipo de armas es debatida en todo el mundo donde hay opiniones e informes diversos". Algunos dicen que las Taser no son armas letales y que sirven para reducir al mínimo los daños. Pero por otro lado, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y un informe de Amnesty Internacional asocian estás armas a la tortura y que su uso puede llegar a producir la muerte.
En tanto el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó un amparo ante la justicia de la Ciudad para que se suspenda la utilización de estas armas hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que es determinar si es un elemento de tortura o no y que por consiguiente podría derivar en una declaración de inconstitucionalidad su uso.
En nuestro país en los últimos tiempos algunas policías adquirieron estas armas para ser utilizadas por grupos especiales. Por ejemplo las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Santa Fe, Catamarca y Mendoza compraron estás armas pero todavía no las utilizan.
En Argentina (su uso está regulado por el Registro Nacional de Armas), y sólo es utilizada por los cuerpos especiales de las policías Federal (Geof), de Buenos Aires (Halcón), Santa Fe (TOE) y Eter de Córdoba. Este personal recibe una capacitación constante sobre la utilización del arma y estudios psicológicos periódicos.
Por ejemplo en Córdoba es usada para casos puntuales de reducción de suicidas o personas que estén atrincheradas y toma de rehenes que generen riesgo para terceros.
La Ciudad de Buenos Aires compró 5 equipos Taser para la Policía Metropolitana. Nada se ha dicho de quienes las van a utilizar, que capacitación van a tener y en que delitos actuarán.
Estas imprecisiones sumadas a los informes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y a un informe de Amnesty Internacional dieron el pie para que la ONG Observatorio de la Derechos Humanos de la Ciudad presente un amparo en el cual solicita se determine si las Taser X-26 son un artefacto de Tortura y en ese caso se estarían violando preceptos constitucionales.
La Jueza Andrea Danas a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolvió dar lugar a la medida cautelar solicitada por la ONG suspendiendo el uso de las armas Taser X-26 por parte de la Policía Metropolitana, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo presentada en el amparo.
"Creemos necesario -destacan los miembros del comité de seguridad en el informe- que antes de iniciar un debate sobre la necesidad o no de emplear las Taser por parte de la Policía Metropolitana que se deben resolver algunas cuestiones previas. Como por ejemplo esperar la resolución judicial sobre la cuestión de fondo de la presentación de la ONG Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad; además, no es necesario dotar a la Policía Metropolitana de este tipo de armas, hasta tanto no se realice la transferencia de delitos complejos de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, es necesario convocar al Departamento de Medicina Legal de la UBA para que realice una investigación independiente y seria sobre los efectos que producen en las personas las armas de energía conducida, tal cual lo solicita Amnesty Internacional y el Gobierno de la Ciudad se comprometió a realizar".